By Redacción
Por Juan Miguel Ramírez Sánchez. La corrupción es el mal uso del poder público con el objeto de obtener beneficios grupales o personales. La corrupción gubernamental es uno de los principales problemas de los municipios y del estado de Guanajuato, el cual se ha fortaleció mediante la convivencia entre el poder político y el poder económico, acentuando problemas como la desigualdad, la violencia, afectando la eficacia y la eficiencia en las instituciones públicas, a la democracia y la gobernabilidad.
El 15 de agosto de 2017 se creó la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción para ser una institución con la fuerza e independencia necesaria para investigar delitos que tienen que ver con hechos de corrupción, sancionar a quienes cometan delitos de corrupción, coordinar su actuar con las instancias del sistema estatal anticorrupción, entre otros.
En la inmensa mayoría de los Estados, para que la fiscalía anticorrupción no pierda su autonomía es nombrada por alguien ajeno a la Fiscalía General y al poder Ejecutivo, con el fin de no tener ningún tipo de vínculo con dependencia alguna y así realizar las investigaciones de cualquier delito, independientemente de la afinidad política o económica de quien lo cometa. En Guanajuato lamentablemente no es así.
El gobernador de Guanajuato Diego Sinhue aparenta disponibilidad para detener la corrupción, pero en la práctica no lo hace, ya que el estudio “Levantemos la voz de las fiscalías anticorrupción” realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO y la organización civil “Tojil” nos muestra una realidad de la Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato:
Carece de autonomía en el nombramiento de su titular, además de no contar con protocolos y procedimientos para su correcto funcionamiento. Es deficiente, ya que desde el 2019 a la fecha, año con año se ha recortado su presupuesto. Es deficiente al carecer de policías de investigación, peritos, analistas, investigaciones administrativas, nombramientos oficiales, escolaridad requerida, entre otros.
La Fiscalía Anticorrupción no recibe denuncias anónimas, esto limita las capacidades de investigación por parte de las Fiscalía, ya que inhibe a las personas de reportar posibles hechos relacionados con corrupción que podrían ser investigadas y sancionadas.
A pesar de que la fiscalía anticorrupción tiene limitado su uso de la herramienta penal en el combate a la corrupción, poca efectividad en la investigación de casos de corrupción, baja judicialización y enjuiciamiento de los casos de gran corrupción, que carece de un diseño institucional adecuado, así como de capacidades, recursos y capital humano suficiente para su operación, que cuenta con pocos instrumentos normativos para realizar investigaciones de actos de corrupción, falta de presupuesto y propiedad de bienes materiales, se requiere garantizar su autonomía operativa y financiera.
Otra tarea más para la ciudadanía, los partidos políticos y sus representantes populares para incidir en las políticas públicas al servicio de la ciudadanía, a realmente acabar con la corrupción.
