By CORTE DE CAJA Por: José Luis Ramírez
En octubre del año pasado comenzó el corte de caja a la ciudadana Elvira Paniagua, aunque ella aún no se ha dado cuenta. De cierto, los celayenses ya venían contando sus aciertos y desaciertos desde meses antes.
Espejo de lo señalado es lo siguiente: de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Celaya se encuentra dentro de los 50 municipios que concentran la mitad de los delitos de alto impacto: homicidio, secuestro, robo y extorsión.
Celaya se encuentra entre las 50 ciudades más violentas del mundo, ocupando el lugar 32 derivado de los homicidios dolosos, secuestros, violaciones, lesiones dolosas, robos con violencia y extorsión, según el ranking elaborado por Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.
El gobierno de Elvira Paniagua Rodríguez durante los últimos 6 meses de acuerdo a las encuestas realizadas en los 100 municipios más importantes del país, que Masive Caller ha publicado, se destaca por ocupar las peores calificaciones en percepción de inseguridad, índice de confianza, y en aprobación, hasta llegar al último lugar: el 100.
Le preciso datos. En julio, obtuvo el lugar 87; en agosto el lugar 90; en septiembre, el lugar 98; en octubre, el lugar 100; en noviembre, el lugar 99; y en diciembre, el lugar 96. Seis meses con esas calificaciones eran suficientes para que cualquier persona con un mínimo de respeto a sí mismo, y a su integridad profesional, diera las gracias y se fuera a realizar una actividad que le diera de comer con dignidad. Pero no fue así.
¿Cuál es el peso real de esta calificación que le dieron las personas al gobierno de la ciudadana Paniagua? El que se merecía. Un tema fue la inseguridad, que a lo largo de un año negó, y justificó a pesar del obituario cotidiano. El crimen y la violencia crecían al ritmo que ella lo negaba. No hubo un delito del fuero común que no ocurriese en nuestras calles y creciera de forma alarmante, y en los cuales, la policía municipal expresase en los hechos, alguna intención de frenarlo. La desestimación se expresó en mantener durante un año y tres meses, al anterior Secretario de Seguridad, que había ocupado el mismo cargo durante un año y medio, en la anterior administración. No se partía de cero en cuanto al conocimiento del entorno de violencia, estuvo casi tres años seguidos en ese puesto, pero no logró un resultado visible, a pesar de ello fue defendido a capa y espada por la alcaldesa.
Hechos delictivos que fueron mas allá de lo creíble se realizaron dentro de la misma policía municipal, ejecuciones, desapariciones, secuestro, y el allanamiento de la fortificación mas importante de seguridad en la ciudad. Sus cambios de personal fueron de utilería, hasta la llegada del leones José Carlos Ramos, quien solo trabajó menos unas semanas al frente de la Dirección de seguridad pública, pues estuvo a punto de morir ejecutado, a raíz de ello, renunció. Esa renuncia, evidenció un escenario extraño, ¿por qué a los anteriores encargados de esos puestos no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa? La suspicacia, o la evidencia pudieron mas que las denuncias y las peticiones de remplazos reales y de estrategias de seguridad creíbles. El inmutable Secretario de Seguridad Ciudadana, renunció también llevándose en la espalda un fardo de fracasos o complicidades, aplaudidas por la ciudadana Paniagua.
Un hecho inexplicable, que puso y pone a prueba el verdadero interés de la ciudadana Paniagua para darle seguridad y paz a la ciudad, es que existe una Comandancia ubicada a la salida a San Miguel de Allende, a la altura de San Juan de la Vega, que tuvo un costo de cerca de 14 millones de pesos, fue terminada en el gobierno municipal anterior, y es hora y día que continua cerrada. Justamente, en esa área, se han realizado robos de vehículos a mano armada. ¿Esto es lógico?
Si bien ha sido visible su notoria incapacidad para administrar y aplicar 480 millones anuales, destinados a seguridad municipal, no solamente eso ha defraudado la confianza ciudadana.
En la zona nororiente se construyeron dos plantas potabilizadoras –en la Colonia la Herradura y Santa Rita-, porque el agua extraída de los pozos está contaminada con flúor y arsénico, y requieren un tratamiento especial. Las dos plantas construidas en los últimos diez años, tuvieron un costo de mas de 30 millones de pesos, la organización social Alianza Ciudadana, a raíz de múltiples quejas, presentó tres pruebas en tres distintos momentos, en donde se evidenciaba que las plantas no estaban funcionando, ya que el agua estaba contaminada. En reunión con 5 comisiones del Ayuntamiento –hace un año-, Jumapa aceptó que el diseño tecnológico, solo era para eliminar arsénico, pero que aun así fallaba por razones de estiaje. Asumieron el compromiso de corregirlo, ya que a decir de ellos, estaban realizando una etapa de pruebas, y se tomaron muestras de agua para validar la remediación, pero extrañamente, la muestra de ellos, resultó como agua bendita, y no movieron una pestaña mas.
En el proceso de la solicitud de remediación de las fallas, se documentó y se entregó una queja a Contraloría Municipal, y fue ampliada con pruebas posteriores, de análisis de agua realizados por Jumapa, en donde se destacaba dicha contaminación, que desde luego, está prohibida por la máxima ley de nuestro país, y por la Norma 127 de la SSA. Después de 13 meses, la Contraloría Municipal notificó a los denunciantes –Alianza Ciudadana Celayense-, el “Acuerdo de calificación de conducta”. Donde determina: “LA EXISTENCIA DE ACTOS U OMISIONES que la Ley vigente al momento de la conducta señala como falta administrativa, misma que es calificada como NO GRAVE, y se considera como PRESUNTO RESPONSABLE al Servidor Público JUAN ROGELIO LUGO RODRIGUEZ, quien se desempeña como “Jefe del departamento de Calidad de Agua”, en la dirección de Saneamiento de la Junta Municipal de agua potable y alcantarillado de Celaya”.
Desde luego, Contraloría Municipal, emitió una recomendación, en sentido estricto hacia una persona, pero las plantas potabilizadoras continúan con las mismas fallas. Particularmente la regidora María de la Salud Rodríguez, en su función de representante de los ciudadanos, ha sido omisa en todo este proceso, a pesar de que su responsabilidad es muy clara, el Artículo 72, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento, señala: compete a la Comisión de Salud y Asistencia Social: Vigilar que se cumplan las disposiciones en materia de salud competencia del estado y salubridad local y el control sanitario de (…), que pudieran generar problemas de salud pública. Hoy, mas de 30 mil personas, incluyendo miles de niños que beben agua de los bebederos escolares, consumen esta agua contaminada. El silencio de la ciudadana Paniagua, de JUMAPA y sus cómplices es de muerte.
Refiero dos asuntos de decenas, de manera resumida, que en menos de 18 meses destacan por la afectación masiva a la libertad, a la seguridad, al derecho a la vida, al derecho a la salud, a la propiedad, e igualdad. El municipio de Celaya, vive como nunca una crisis social e institucional que pone en riesgo los bienes, patrimonio, e integridad física y mental de sus ciudadanos, provocada por la falta de prevención de la violencia y la delincuencia del gobierno municipal.
El Corte de Caja ciudadano, ha calificado de cuerpo entero el gobierno y administración de la ciudadana Paniagua, si las encuestas que ubican su gobierno como uno de los peores entre los peores tuviese alguna sombra de duda, las 8248 firmas de los ciudadanos celayenses que han solicitado la Revocación de su mandato al Congreso del Estado, ratifican el malestar social, y el deseo de cambio.
No puede ni debe seguir al frente del gobierno municipal, quien ha roto todas las fronteras de la confianza, de la capacidad, y quien ha puesto en la mira de la delincuencia la integridad, el patrimonio, la libertad y la vida de los celayenses.
Revolcadero.
La Guardia Nacional y la Marina, están haciendo el trabajo que nunca hizo la policía municipal y estatal.
