Alcalde de Celaya y su hijo en la mira, son denunciados ante la Fiscalía de Guanajuato

Por: Sofia Sarahi Ruiz García
Celaya, Guanajuato . – La denuncia pública realizada por el excoordinador de Delegados, Comités de Agua y Saneamiento Rural del Municipio de Celaya, Gerardo Álvarez García, escaló del ámbito administrativo al judicial luego de que sus acusaciones contra la administración municipal derivaran en una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

El exfuncionario aseguró haber sido presionado para entregar datos personales de ciudadanos y denunció presuntas amenazas de despido tras negarse a proporcionar dicha información, señalamientos que posteriormente dieron origen a una denuncia formal presentada por el partido SOMOS.

Las acusaciones fueron difundidas mediante un video en redes sociales, donde Álvarez García afirmó que el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez y Alejandro Ramírez Casillas, el hijo del alcalde,  habrían solicitado a distintos funcionarios una base de datos con nombres, domicilios y números telefónicos de ciudadanos de Celaya. Según su testimonio, decidió negarse a entregar la información al considerar que hacerlo podría constituir una conducta ilegal.

De acuerdo con su relato, los hechos se remontan a una reunión celebrada aproximadamente un mes atrás en las oficinas de la Presidencia Municipal. En ese encuentro, sostuvo, se advirtió a diversos integrantes de la administración que debían proporcionar la información requerida. Álvarez García aseguró que recibió de manera directa la advertencia de que sería despedido si no accedía a la solicitud.

El exfuncionario señaló que las presiones continuaron durante las semanas posteriores y que recientemente tuvo un altercado verbal con el alcalde durante una visita a la comunidad de San Miguel Octopan, donde se realizaba un recorrido por altares elaborados por estudiantes con motivo de las festividades de Día de Muertos. Según su versión, en ese contexto fue amenazado nuevamente con perder su puesto. Aunque también hay evidencia de estar realizando proselitismo a favor de la actual diputada local Edith Moreno y su esposo Daniel Nieto, actual Secretario de Ayuntamiento.

Y este sería realmente el motivo de la despedida de Álvarez García, lo cual desató severas críticas hacía el alcalde morenista de Celaya, Juan Miguel Ramírez quien desea reelegirse en el cargo sin haber tomado licencia, sus compañeros de partido le critican utilizar recursos públicos para promocionarse, haciendo la competencia por la candidatura en niveles desiguales.

Un día después de esos hechos, personal de la Contraloría municipal acudió a su oficina para iniciar el procedimiento de entrega-recepción de su cargo. Para Álvarez García, esta medida representa una represalia derivada de su negativa a proporcionar la información solicitada y de haber decidido hacer pública su denuncia.

“No es posible que nos quedemos callados. Nos están amedrentando para que entreguemos una información que nos haría cometer un delito”, afirmó el exfuncionario en el video difundido en plataformas digitales.

Durante el mensaje, también expresó preocupación por su seguridad personal y la de su familia. En ese contexto, responsabilizó públicamente al alcalde, a su hijo y a su entorno de cualquier afectación que pudiera sufrir como consecuencia de los acontecimientos denunciados.

Denuncia llega a la Fiscalía

Las declaraciones del exfuncionario ya tuvieron una repercusión legal. El partido SOMOS informó que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por presuntos delitos electorales, hechos de corrupción y tráfico de influencias relacionados con las acusaciones realizadas por Álvarez García.

De acuerdo con el documento presentado ante la autoridad ministerial, la denuncia fue promovida por Luis Eduardo Trejo Solís, consejero nacional y estatal de SOMOS, y quedó registrada ante la Fiscalía Regional “C” de Guanajuato. El Ministerio Público recibió la querella y ordenó la apertura de la carpeta de investigación 130268/2026.

Asimismo, en la primera página de la denuncia penal se señala como imputados a Juan Miguel Ramírez Sánchez, Alejandro Ramírez Casillas y quienes resulten responsables, por hechos relacionados con los delitos previstos en los artículos 252 y 287, fracción II, del Código Penal para el Estado de Guanajuato.

El documento recibido por la Fiscalía Regional “C” contiene sello de recepción fechado el 4 de noviembre de 2026 y establece que la población del municipio de Celaya figura como parte ofendida dentro de la denuncia.
Antecedentes del caso

Las acusaciones de Álvarez García surgen en un contexto de creciente escrutinio sobre la administración municipal. En días recientes, también se hicieron públicos señalamientos relacionados con presuntos actos anticipados de campaña y el supuesto uso de recursos públicos para la promoción política del alcalde, hechos que forman parte de otras denuncias dadas a conocer por actores políticos locales.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado públicamente sobre el fondo de las acusaciones realizadas por el excoordinador ni sobre los señalamientos relacionados con la presunta solicitud de datos personales de ciudadanos.

Investigación en curso

Las acusaciones difundidas por Álvarez García corresponden a señalamientos realizados por el propio exfuncionario y actualmente forman parte de una denuncia que ya fue presentada ante las autoridades competentes. Será la Fiscalía General del Estado de Guanajuato la instancia encargada de determinar, mediante las investigaciones correspondientes, si existen elementos que acrediten la comisión de delitos o responsabilidades administrativas.
Mientras tanto, el caso ha generado debate en la opinión pública local debido a la gravedad de las acusaciones, que involucran el presunto manejo indebido de datos personales, posibles actos de presión dentro de la administración pública y supuestas represalias contra servidores públicos. El desarrollo de la investigación determinará si existen elementos suficientes para acreditar responsabilidades penales o administrativas.