By Guanajuato, Guanajuato.- Tras una revisión realizada en 2017 la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato detectó irregularidades en el ejercicio de recursos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Salvatierra, ante lo cual se determinaron responsabilidades y hasta la fecha el organismo no ha presentado las denuncias correspondientes.
Dichas irregularidades se denunciaron ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato que posteriormente derivaría en una auditoria especifica al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio en mención, respecto al uso correcto y aplicación de los recursos económicos, humanos y materiales para los ejercicios fiscales de 2013, 2014 y 2015.
Al finalizar la auditoría se encontraron 18 responsabilidades administrativas, 13 civiles por un monto de 1 millón 608 mil 745 pesos y 6 penales. Por ello el 13 de agosto de 2018 la Comisión de Hacienda y Fiscalización acordó que el Auditor Superior promoviera las denuncias correspondientes ante los órganos de control, para el financiamiento de las responsabilidades administrativas en cuestión.
Sin embargo, a más de dos años de aprobada la auditoría, el órgano de control del Municipio de Salvatierra ha sido omiso respecto al cumplimiento del mandato derivado de la auditoria en mención.
Bajo este contexto, este 19 de abril la Comisión de Hacienda y Fiscalización aprobó exhortar al órgano de control de Salvatierra para que dé trámite y resuelva las denuncias promovidas por la Auditoria Superior del Estado para fincar las responsabilidades administrativas.
María Magdalena Rosales Cruz, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de Morena en el Congreso local, manifestó que es urgente continuar con el proceso sobre todo cuando las responsabilidades civiles derivadas de la auditoría se encuentran en peligro de prescribir en agosto del presente año.
“Hoy vemos que las responsabilidades administrativas están detenidas en un proceso poco transparente, iniciado luego de la denuncia presentada en septiembre de 2018 ante la Contraloría Municipal, que luego fue delegada sin soporte o evidencia alguna al ayuntamiento debido a un conflicto de interés por parte del contralor municipal, y que posteriormente, por procesos internos poco claros del ayuntamiento, no han sido aclaradas hasta la fecha”, denunció Rosales Cruz.
Finalmente, la congresista solicitó añadir al Ayuntamiento de Salvatierra y a la Fiscalía como instancias a las que también debe exhortarse, derivado de su competencia para la aplicación de la ley en el combate a la corrupción, específicamente en este caso por las responsabilidades observadas mediante la auditoría en mención.
