Comunicado de la agrupación Alianza Ciudadana.
A los celayenses: Hace 13 meses, se solicitó a la Comisión de salud, presidida por María de la Salud García Rodríguez, su intervención, “para remediar el suministro de agua contaminada por Flúor y arsénico que estamos recibiendo en nuestros hogares desde las plantas potabilizadoras La Herradura, y Santa Rita”. Esa petición estuvo fundada en el Artículo 58 del Reglamento interior del H. Ayuntamiento de Celaya.
En esa petición se solicitaba, “frenar el suministro de agua contaminada a los habitantes de estas zonas comprometidas; realización de una investigación compartida con los interesados y afectados, para determinar las causas de las fallas, omisiones o cualquier otra que haya ocasionado que se entregue agua no potable por parte de Jumapa; abastecimiento de agua inmediata de otras fuentes que sea potable; reparación inmediata de las plantas potabilizadoras; certeza de que se ha corregido totalmente los problemas de contaminación; realización de exámenes del agua por un laboratorio externo a Jumapa, donde se examinen todos los elementos que señala la SSA para el agua potable, de acuerdo a la Norma 127 de la SSA; realización de estudios epidemiológicos por parte de a SSA, para evaluar nuestra salud debido a la ingesta involuntaria de agua contaminada por fluoruros y arsénico; realización de una investigación administrativa a JUMAPA para deslindar responsabilidades; actualización del estado que guarda el agua de todos los pozos que administra Jumapa, y que la información se haga pública para generar certidumbre en la población”.
A partir de esa solicitud, hubo una reunión con los presidentes de la Comisión de Salud, de Derechos Humanos, Medio Ambiente, Contraloría y Combate a la corrupción, Comisión de Agua potable, y de parte de Jumapa: Patricia Estrada, y de los afectados, Alianza Ciudadana Celayense. En esa reunión, la representante de Jumapa reconoció que las plantas potabilizadoras no estaban diseñadas para la remoción de flúor, y que el arsénico subía por encima de la Norma 127 de la Secretaria de Salud, en épocas de estiaje. Como consecuencia se acordó trabajar en la remediación, y para tener la certeza formal de las deficiencias, se acordó la realización de exámenes del agua por un laboratorio externo a Jumapa.
A partir de entonces la regidora María de la Salud, nunca volvió a dar la cara, a pesar de que el Artículo 72, del Reglamento mencionada, señala: compete a la Comisión de Salud y Asistencia Social: A. Vigilar que se cumplan las disposiciones en materia de salud competencia del estado y salubridad local y el control sanitario de (…), que pudieran generar problemas de salud pública; C. Coordinar los programas de saneamiento básico en comunidades rurales y populares para prevenir enfermedades e infecciones y salvaguardar la salud; E. Coadyuvar en el cumplimiento de los ordenamientos legales que regulan la integración y el funcionamiento de los organismos paramunicipales.
El regidor Uriel Pineda declaró en ese momento que no existía riesgo a la salud. La Comisión de Contraloría y anticorrupción, nunca investigó las causas de las deficiencias técnicas y tecnológicas del equipo de potabilización; la Comisión de Derechos Humanos, nunca formuló una declaración por la violación al derecho humano a consumir agua potable. Todos fueron indiferentes a los riesgos de salud de miles de personas. Jumapa publicó desplegados, repartió volantes señalando la inocuidad del agua.
Las evidencias del largo tiempo en que se había suministrado agua contaminada, hizo que se presentará denuncia a la Contraloría Municipal, señalando: “JUMAPA, debe considerarse como el principal investigado de esta violación a nuestro derecho a la salud, y al quebranto del cumplimiento legal que por mandato de la Ley Orgánica Municipal y Reglamento tiene en relación a entregarnos agua potable de acuerdo a la NOM-SSA1-NM-127”.
A la denuncia, se anexaron elementos probatorios, entre otros: Documento público de JUMAPA donde señala los antecedentes de la Creación de la Planta potabilizadora la Herradura, su costo, su tecnología, su mantenimiento y los beneficiarios”, y otro: el oficio no. 0631/DS-EXT/2018 del lab. De Jumapa, en donde se registran por encima de la Norma, los fluoruros.
El 21 de noviembre del presente, la Contraloría Municipal notificó a los denunciantes –Alianza Ciudadana Celayense-, el “Acuerdo de calificación de conducta”. Donde determina: “LA EXISTENCIA DE ACTOS U OMISIONES que la Ley vigente al momento de la conducta señala como falta administrativa, misma que es calificada como NO GRAVE, y se considera como PRESUNTO RESPONSABLE al Servidor Público JUAN ROGELIO LUGO RODRIGUEZ, quien se desempeña como “Jefe del departamento de Calidad de Agua”, en la dirección de Saneamiento de la Junta Municipal de agua potable y alcantarillado de Celaya”.
Lo anterior, demuestra que la denuncia estuvo fundada en la verdad, y que muchos servidores públicos fueron responsables por omisión y comisión, y que sobre ellos pesa no solo “una falta administrativa”, sino también la posibilidad de un delito civil o penal. Consideramos que la respuesta es parcial y minimiza responsabilidades ya que especialistas en el tema, como Roberto Hurtado Jiménez, Jorge Gardea Torresdey, señalan que la ingesta de agua contaminada genera neurotoxicidad en niños expuestos a flúor y arsénico, fluorosis dental, fluorosis esquelética y daño cerebral. En virtud de lo anterior, se presentará un Recurso de Inconformidad por la calificación que la Contraloría Municipal, le otorgó a la “Falta cometida”. Pero de hecho, la denuncia y la petición original siguen vigentes y sin solución.
