By Redacción
Guanajuato, Gto. – El Pleno del Congreso exhortó al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado contemplen las medidas necesarias que permitan prevenir el robo de ganado en la entidad; así como mantener una coordinación permanente con los 46 municipios y las asociaciones ganaderas, con la finalidad de generar acciones conjuntas que inhiban la comisión del delito del robo de ganado e informen al Congreso local sobre las acciones que realicen.
El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo habló a favor de la propuesta y manifestó que esperaba se emprendieran acciones reales para que los ganaderos puedan llevar a cabo sus actividades con total seguridad porque, dijo, sin ellos el estado se paraliza y enfatizó que reafirmaban el compromiso con la ganadería, dada su importancia.
En la misma sesión, se aprobaron reformas al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con las que se incorpora el juicio sumario en la vía administrativa.
Además, se acordó el archivo definitivo de la iniciativa de reforma al Código Penal que proponía incrementar las penas de los delitos de violación y abuso sexual. En este punto, hicieron uso de la tribuna para hablar en contra los diputados Isidoro Bazaldúa Lugo y Ernesto Alejandro Prieto Gallardo.
Bazaldúa Lugo consideró que votar en contra de la propuesta para aumentar las penas de los delitos de violación y abuso sexual, era mandar un mensaje por parte de las autoridades de poco interés para castigar la comisión de dichos delitos, ya que en el caso de abuso sexual el culpable sólo pasará un año en prisión.
Asimismo, señaló que no se llevó a cabo el análisis adecuado de la propuesta, pues no se abrió a una consulta pública, a través de foros, como se ha realizado con otras iniciativas.
“Les pido ser congruentes, apenas la semana pasada se debatió en este Congreso el garantizar los derechos de las mujeres, no hay que tener doble cara o las defendemos o no las defendemos. No podemos permitir la arbitrariedad de la Comisión de Justicia con mesas de trabajo cerradas y autoridades a modo, han dejado atrás iniciativas trascendentes como la interrupción legal del embarazo y matrimonio igualitario, de los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Organismos Internacionales se han pronunciado a favor”, acentuó.
Finalmente, pidió a sus homólogos considerar el voto del dictamen para que la Comisión de Justicia realice una consulta más amplia y tomen en cuenta a los interesados en el tema.
En rectificación de hechos, la diputada Cristina Márquez Alcalá aseguró que no hubo omisión en el turno de la propuesta. Asimismo, señaló que, durante las reuniones de la Comisión para acordar la metodología de análisis de la iniciativa y en las mesas de trabajo que se realizaron para revisar la misma, el iniciante no hizo aportaciones.
De igual manera, comentó que entes consultados coincidieron en que no era viable la propuesta que se presentó.
Por su parte, el diputado Prieto Gallardo indicó que estas acciones hablaban del doble discurso del partido mayoritario y coincidió con su homólogo en que se habían solicitado la realización de foros para escuchar a más voces.
De igual manera, se declararon revisados los informes de resultados de las revisiones practicadas a las cuentas públicas de Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Huanímaro, Moroleón y Romita, todos correspondientes al ejercicio fiscal de 2018.
Mientras que a la Comisión de Hacienda y Fiscalización se turnó, para su estudio y dictamen, la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Guanajuato, a efecto de que se le autorice la contratación de un crédito hasta por un monto de 66 millones 498 mil 995 pesos, cuyo destino será única y exclusivamente para el proyecto de inversión pública productiva del Nuevo Museo de las Momias.
En el apartado de asuntos generales hicieron uso de la tribuna las diputadas Noemí Márquez Márquez y María Magdalena Rosales Cruz; así como el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo.
Márquez Márquez uso la voz para hablar de la protección al turismo y se refirió a la explosión que se suscitó en un alojamiento ofrecido a través de una plataforma digital. Agregó que dicho accidente había presentado a los guanajuatenses el rostro más terrible del desorden que durante mucho tiempo ha caracterizado a los servicios informales de hospedaje en el país.
La legisladora refrendó su solidaridad con las familias afectadas por esa tragedia e hizo un llamado a las autoridades involucradas y, especialmente a la plataforma de hospedaje, para que cumplan con su palabra de responder y respaldar a las familias, como lo prometieron, sin pretextos, sin mentiras, sin trucos.
Finalmente, se comprometió a impulsar la aprobación de la nueva Ley de Hospedaje por Plataformas Digitales del Estado de Guanajuato y a trabajar en todas las reformas que sean necesarias para que los guanajuatenses tengan leyes que obliguen a las autoridades y a los proveedores a proteger la seguridad de sus huéspedes.
Por su parte, la diputada María Magdalena Rosales Cruz invió a sus homólogos a participar en el congreso “Diálogos de la violencia de género a la violencia política. Miradas y disciplinas críticas”, el cual se llevará a cabo en las instalaciones del Congreso del Estado el próximo 18 y 19 de marzo de 2020.
En su intervención, la diputada señaló que el evento permitirá escuchar a especialistas en cuestiones de violencia de género, por lo que consideró importante que las diputadas y los diputados asistan para que cuenten con una visión más amplia a la hora de proponer o analizar iniciativas.
“Se trata de que estos temas tengan la profundidad y atención que se requiere, que los que asistan tengan un panorama más amplio. Creo que el tema está en todas las comisiones permanente del Congreso, el tema es transversal por lo que se debe tener perspectiva de género para poder dar leyes a los ciudadanos que correspondan a la realidad”, dijo.
En su intervención, el congresista Ernesto Alejandro Prieto Gallardo habló sobre destinar los apoyos a quienes más lo necesitan. Hizo referencia a una reforma aprobada a nivel federal donde se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión de los adultos mayores, el derecho de las niñas, niños, indígenas y afroamericanos a recibir un apoyo económico; el derecho de los niños y jóvenes de escasos recursos a recibir una beca para estudiar en todos los niveles escolares; y el derecho del pueblo a la salud.
Asimismo, indicó que se estableció que el presupuesto para esos rubros jamás se podrá reducir, a fin de salvaguardar el acceso de todos a la salud y las personas de los grupos vulnerables mencionados; y que, aunque aún no está aprobado en el Senado de la República, esperaban lograr la mayoría, porque eso era justicia, apoyo social para los más vulnerables.
En rectificación de hechos, el legislador Armando Rangel Hernández manifestó que desde hace 15 años se aprobó una ley en la que se estableció que los presupuestos para el desarrollo social fueran crecientes, por lo que era mentira que por primera vez se hacía esa disposición.
Asimismo, precisó que cuando se ponían derechos por ponerlos en la Constitución no se estaba más que haciendo letra muerta, ya que no se protegía la salud desde la Carta Magna sino poniendo medicamentos en los hospitales, equipándolos y diciendo de dónde van a salir los recursos.
Finalmente, afirmó que eso no era justicia sino demagogia.
Esta intervención generó un largo debate entre los diputados Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Armando Rangel Hernández, Raúl Humberto Márquez Albo y Víctor Manuel Zanella Huerta; así como la diputada María Magdalena Rosales Cruz.
