By Redacción
Guanajuato, Gto. – A fin de generar mayor certeza jurídica al gobernado de que la sentencia administrativa, a su favor, le será cumplida con mayor agilidad, las diputadas y los diputados que integran el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron una iniciativa de reforma al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, el diputado Héctor Hugo Varela Flores apuntó que los motivaba a presentar la propuesta, la situación problemática que se venía advirtiendo en torno al cumplimiento efectivo de las sentencias a favor del gobernado en lo que se había denominada <<Tutela Judicial Efectiva>> y la dilación a la que en la práctica recurre el ente obligado para alarmar el cumplimiento de la sentencia, principalmente en las administraciones municipales.
El congresista señaló que cada vez era más generalizada la sensación de que alcanzar un fallo favorable contra el Estado equivalía a superar una carrera de obstáculos, puestos en beneficio de la Administración, que vislumbraban escasas posibilidades de éxitos para el administrado.
“Se propone esta iniciativa a efecto de rescatar la plena vigencia de un principio general y derecho fundamental del hombre para que la autoridad condenada, cumpla sin dolosa dilación con la sentencia emitida por el órgano jurisdiccional a favor del ciudadano y éste se vea resarcido en la tutela de sus derechos reconocidos”, manifestó.
Varela Flores indicó que la iniciativa plantea incorporar medios de apremio específicos para el cumplimiento de sentencias, con multas más elevadas, cuyo rango base incremente a 100 Unidades de Medida y Actualización diaria en cuantía y elevar el tope máximo a 1000, similar al que se encuentra vigente en la Ley de Amparo.
El legislador afirmó que la tutela judicial efectiva se estaba volviendo más difícil de cumplir en las administraciones municipales, gracias a que la norma vigente preveía varios mecanismos ineficaces como procedimiento para el cumplimiento de las sentencias, lo que permitía al sujeto obligado a dilatar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por los Juzgados Administrativos Municipales o por el propio Tribunal de Justicia Administrativa estatal.
El congresista dijo que la iniciativa proponía el aumento de multas, pues los actuales rangos resultaban irrisorios y un medio para que la autoridad prefiriera pagarlas y alargar con ello el cumplimiento de la sentencia.
Además, enfatizó, el procedimiento propuesto clarificaba y especificaba los mecanismos y pasos que la autoridad jurisdiccional tenía para hacer cumplir las sentencias, y se adicionaba un artículo para castigar con pena privativa de la libertad de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días y en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir.
Asimismo, Valera Flores manifestó que se incorporaba la obligación de que los Ayuntamientos realicen prevenciones presupuestales para cubrir las erogaciones que deriven del cumplimiento de las sentencias.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
