Los alfeñiques de Contraloría y Fiscalización

Por: José Luis Ramírez

Es miércoles por la noche, frente a la feria del alfeñique se ha puesto una mesa para recibir las firmas de los ciudadanos que han decidido revocar el mandato a la ciudadana Elvira Paniagua. Alrededor se han colocado  cartulinas fosforescentes en donde se expresa la petición pública. Se ha presentado en tres ocasiones a lo largo de diez minutos, quien se ostenta como trabajador de la dirección de Fiscalización, se dice llamar Christian. Exige que se retiren del lugar, llega video grabando, pero él pide que no se le videograbe.

Se le responde que es una manifestación ordenada, pacífica y respetuosa, se va, pero vuelve a regresar con la misma petición, y una vez mas vuelve a ocurrir lo mismo, está exasperado, a 20 metros se van reuniendo un grupo de mas de 10 personas que esperan su orden para reprimir la actividad política. Manuel, le repite lo mismo, es un derecho constitucional que estamos ejerciendo… desde un ángulo opuesto lo observó. Molesto, se acerca, me toca el pecho con la mano y me dice enojado y en voz baja, “te tenemos bien ubicado tu perteneces al movimiento…”

El principio de legalidad es bien claro, “las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes”. El sujeto de fiscalización que fue exhibido en redes, lo sabía. Nuestra Carta Magna señala, “todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario”.  Su actuación a todas luces era producto de una orden superior. Estuvo pendiente del teléfono en todo momento. Christian –ironía de nombre-, se reúne por tercera vez con su grupo y espera. En un par de minutos, se disuelve el grupo y sale huyendo en una camioneta blanca, esconde el rostro temeroso. Minutos después los comerciantes comentan que horas antes fueron presionados por Fiscalización para desalojar ese espacio público.

El jueves, en el curso del mediodía se entregó en la Presidencia una queja para que la atienda Contraloría Municipal con copia a las Comisiones de Derechos Humanos, y Gobernación y puntos Constitucionales. En el patio de la presidencia aparece Roberto Hugo Arias, me acerco y le comento el acontecimiento, me dice que lo verá mas tarde con la ciudadana Paniagua. Minutos mas tarde, coincido con Jorge Armengol y Mauricio Hernández, les expongo la gravedad del acontecimiento, Jorge dice que lo verá con la alcaldesa.

Ese mismo día jueves, nuevamente se pone la mesa para la recabación de firmas en la Feria del Alfeñique. El sitio donde se había puesto anteriormente, está ocupado por señoras con delantal. Desde ahí se escuchan sus voces que incitan a la violencia. Se reúnen en un grupo de diez personas, y en medio se encuentran dos líderes de comerciantes. Me acercó a Carlos Palacio y nos vamos caminando para platicar, me dice que lo está presionando un tercer grupo para desalojar a los miembros de Alianza, pero no me da el nombre, le digo que si las vendedoras de comida sienten que su presencia afecta sus ventas se retiraran a un lugar distinto, pero le pido que se retiren ellos primero. Ese es el acuerdo, Palacios agradece la propuesta y promete que al otro día ya no habrá problema. Regreso a la mesa, la policía municipal ha llegado, fue llamada por los integrantes de Alianza ciudadana… la violencia y el sabotaje a las firmas de revocación de mandato, provocada otra vez por Fiscalización, ha sido extinguida. La mesa de firmas se ubica en el lado opuesto, hacia la salida a la calle Carranza.

Reprimir usando ilegalmente a las instituciones y a los trabajadores, ha sido una costumbre de viejo raigambre, es un acto criminal como cualquier otro. No hay mucha diferencia, al punto que se puede denunciar penalmente. Los dos eventos fueron coordinados y autorizados por un jefe superior, se supondría que fue el Director de Fiscalización –hoy despedido-, pero igualmente, alguien del primer círculo de la Alcaldesa fue el autor intelectual. El Secretario de Seguridad, señala que él no lo hizo, se desmarca a tiempo. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién estuvo a punto de ocasionar otra tragedia?

La Contraloría Municipal, que dirige Guerrero Merino, se ha destacado por su burocracia, sus respuestas e investigaciones tardan meses en llegar. Por ejemplo, mas de 40 mil personas beben agua contaminada por Flúor y arsénico, en las colonias de la zona norte, y él, aún no termina de investigar la validez de los testimonios y pruebas aportadas. Además, recordemos que su nombramiento se encuentra en litigio. Pero bueno, a raíz de la queja presentada por el acoso y hostigamiento de la Dirección de Fiscalización a los líderes de Alianza Ciudadana, contesta de manera rápida y sorprendente. Su respuesta es un compendio de barbaridades.

Si atendemos el espíritu del artículo 8 de nuestra Carta Magna, el derecho de petición lleva intrínsecamente plasmado el derecho de respuesta. En ambos, lo que se pide en la forma, es que sea por escrito, con claridad, en el idioma español, con respeto, todo ello es obligación mutua.

Una situación que salta a la vista es que la respuesta de la Contraloría no se hace de manera respetuosa, más bien altiva y despectiva. Cita que “toda persona es inocente mientras no haya sentencia de una autoridad competente” para encubrir la denuncia por el abuso de autoridad denunciado. Es paradójico que afirmando lo dicho, señale que la petición acusa de deshonestidad porque no se presentan pruebas, y que son mentiras, la contradicción es puntual. Para sus compañeros es rescatable la presunción de inocencia, y para otros la descalificación sin el esclarecimiento de los hechos.

Recordemos, el artículo 8 constitucional, señala de manera muy particular, que habrá respuesta a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, y en su defecto, podrá solicitar la aportación de pruebas o entrega de documentos. El martes 29 de octubre, se les presentó una ampliación de la queja y las pruebas. Igualmente, el artículo mencionado, de manera tacita contempla la búsqueda de la verdadera intención de la solicitud, por parte del servidor público. Que por supuesto no hicieron. Se utilizaron recursos públicos, empleados, vehículos, teléfonos, oficinas, pero eso no lo observaron.

La Contraloría, debe dar las pautas del procedimiento de los hechos, pero hizo caso omiso. No hay voluntad. Su respuesta, no plantea una citación para formular pruebas o ampliar lo dicho por escrito. Es claro que su respuesta no satisface los motivos de la queja, y que es una respuesta para encubrir causas político-partidistas.

La respuesta aparentemente formal, es grosera y despectiva, al afirmar que no son una instancia de derechos humanos. El art. 1 de nuestra Carta Magna, dice: todas las personas gozaran de derechos humanos, así como las garantías de protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, y hace hincapié en que, TODAS  LAS AUTORIDADES EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS TIENEN LA OBLIGACION DE PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS UNIVERSALES, en consecuencia el estado deberá prevenir, investigar y reparar la violación a los derechos Humanos. En ese sentido, es una responsabilidad imperativa constitucional que debe acatar cualquier ente público y no evadirla. El señalamiento de recurrir a ese organismo es sarcástico, en todo caso se haría para quejarse del Contralor municipal.

La Constitución protege los derechos humanos de toda persona, por ello, resulta absurdo que la Contraloría en su respuesta, pida personalidad jurídica para ello y cuestione la organización ciudadana, pero lo mas grave, es que lo presente como un requisito para atender el interés jurídico de los hechos manifestados en la queja. Al calce firmaron personas.

En el cuerpo de la respuesta de dos cuartillas y media, señala de manera absurda e incoherente la idea de tramitar permiso para el activismo político de manifestación o libre expresión, que protege el Art. 9 de libre asociación, y el 6 de libre expresión que dice: LA MANIFESTACIÓN DE IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICIÓN JUDICIAL NI ADMINISTRATIVA. 

El Art. 35 de los derechos de los mexicanos, permite la asociación individual, o como persona moral para tomar parte de forma pacífica en asuntos políticos del país. La idea que sugiere la Contraloría, de pedir permiso para el activismo político en lugares públicos, como si fuesen comerciantes, es aberrante. Impresiona que confundan ideales de vida, libertad, igualdad, justicia y paz, como objetos utilitarios y mercantilizables.

La respuesta de la Contraloría municipal, es digna de un museo de la barbarie. Y si a ello, le sumamos la arbitrariedad, y el abuso de autoridad de Fiscalización, o la maquinación perversa de algún servidor público que autorizó el hostigamiento y el sabotaje político a la actividad de Alianza Ciudadana, tenemos un escenario tribal de la época de las cavernas. La violencia y la delincuencia, la precaria administración y gobierno, son el caldo de cultivo para hechos futuros, que de darse, podrán enlutar otra vez a nuestra tierra llana, Zelaya.

Revolcadero. Los celayenses lo saben. Los cambios en el gabinete de la alcaldesa, son escenografía, maquillaje de un día.